Los fiscales antidrogas y antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen en la mira a una veintena de abogados de despachos privados y notarios públicos del noreste del país, que presuntamente están al servicio del grupo delictivo de Los Zetas, que fue brazo armado del cártel del Golfo.

Los profesionistas, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, realizan las negociaciones con los familiares de las víctimas de algún secuestro perpetrado por algún sicario de esa organización delictiva principalmente en el estado de Tamaulipas.

Los notarios se encargan de protocolizar los bienes y las propiedades de los familiares de las víctimas de un plagio para escriturarlos a nombre de algún integrante de Los Zetas. Esa es la nueva modalidad en que se paga el rescate de alguna persona que fue secuestrada por sicarios de ese grupo criminal.

Documentos de la averiguación previa PGR/SIEDO /UEIDCS/217/2009, a los que tuvo acceso La Jornada, revelan que al menos siete notarios públicos con sede en varios municipios de Tamaulipas están bajo investigación por haber participado en este tipo de ilícitos.

El fenómeno se ha detectado también en otras entidades del país, como Durango, Coahuila, Chihuahua, Veracruz y Guerrero.

Durante 2009, la PGR tuvo conocimiento de cinco denuncias que derivaron en averiguaciones previas para indagar igual número de casos de secuestros en los que los que la banda de Los Zetas cobró de esta manera el rescate de sus víctimas, y ninguno de los familiares de los plagiados pudo recuperar sus bienes.

El procedimiento es el siguiente: un sujeto que se identifica como representante de Los Zetas fija el monto del rescate. Si la familia responde que no tiene dinero en efectivo para pagar, el negociador sugiere a los familiares de las víctimas que el pago se realice con algún inmueble de su propiedad. Si aceptan, se les indica que acudan ante un notario de determinado municipio para que se dé inicio a los trámites correspondientes para la cesión de derechos.

Según los informes, los inmuebles de los familiares de las víctimas de algún secuestro deben ser entregados físicamente y deshabitados y, hasta que no se firma el traspaso, no liberan a la víctima, de acuerdo con las fuentes.

"Los fiscales que investigan este tema han logrado recabar el testimonio de un testigo protegido que ha revelado los nombres de los notarios y abogados que estarían sirviendo de puente para Los Zetas", reveló un funcionario de la PGR que pidió el anonimato.

En noviembre pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal detuvo a cuatro presuntos zetas que supuestamente amenazaban y extorsionaban a empleados de notarías públicas para que legalizaran los inmuebles que les eran entregados como rescate.